Apagón educativo

 

Además del apagón eléctrico del día 28 de abril, se produjo otro apagón que afectó a un servicio público: la educación. La Junta de Extremadura solicitó el nivel 3 de emergencia y ello conllevó la suspensión de las clases.

El nivel 3 de emergencias queda regulado en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, aprobada bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Según el articulado de dicha ley “corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno”. En este caso fue nuestra comunidad autónoma la que lo solicitó. Agrega la normativa que, “declarada la emergencia de interés nacional, el titular del Ministerio del Interior asumirá su dirección (de las comunidades autónomas)” y que "las funciones del Estado comprenderán la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado”. La declaración de emergencia se publica en el B.O.E. del día 29 de abril, pero en ella se especifica que "la presente declaración de interés nacional surtirá efectos desde el momento en que se acuerda", es decir, tiene efectos desde el día 28 de abril.

No se entiende, pues, que habiendo la Junta de Extremadura solicitado la declaración de emergencia de nivel 3 para que sea el gobierno central quien se haga cargo de la gestión de nuestra comunidad, la Consejería de Educación emita una resolución que suspende la actividad lectiva durante la jornada del día 29 de abril, día en que, declarada dicha emergencia, ni la Junta de Extremadura, ni por ende, su Consejería de Educación, tendrían competencias en materia educativa ni de otra índole.

Pero menos se entiende aún que, en la tarde del día 29 de abril, la misma Consejería de Educación, transitoriamente sin competencias en materia educativa debido a la declaración del mencionado estado de emergencia, publique una nueva resolución, firmada a mano, en la que ordena reanudar las clases esa misma tarde. Ya no vamos a entrar en la chapuza de que dicha resolución llega a los centros a media tarde y que dejaba poco margen ya a los que tenemos horario de tarde para avisar al alumnado del asunto, al  cual se le había comunicado previamente que no habría clases en todo el día, así como tampoco vamos a entrar en los mensajes por Rayuela recibidos esa misma tarde desde distintos servicios sin identificarse la persona que los enviaba...

Pero todavía menos se entiende que el día 30 de abril, la Presidenta de la Junta de Extremadura, junto a la Presidenta de Madrid, declare que no piensa solicitar al gobierno central el cese del nivel 3 de emergencia (sí piden este cese el resto de comunidades autónomas que lo habían previamente solicitado y así se publica en B.O.E.). Entonces, si no se piensa solicitar el cese del nivel 3 de emergencia, que alguien me explique qué hace la Consejería de Educación, que transitoriamente no tiene competencias en materia educativa, firmando resoluciones en dicha materia. Un despropósito total desde mi punto de vista.

Este apagón educativo, al parecer, fue tan solo de carácter lectivo, pues los centros debían permanecer abiertos para acoger al alumnado cuyas familias  considerasen oportuno llevarlos a los centros para la conciliación familiar y laboral. Pero es que resulta que la finalidad de los centros en horario escolar (en horario extraescolar es otro cantar) es eminentemente lectiva, que no asistencial, ya que en ninguna legislación está recogido que los docentes tengamos que prestar servicios de cuidados a los menores cuando no hay actividad lectiva. En definitiva, docentes para todo y un nuevo despropósito.

Sin un Estatuto Docente que tipifique claramente nuestras funciones -se entiende perfectamente las reticencias para firmarlo-, está claro que la Administración Educativa nos utiliza como cajón de sastre a su gusto, sin que ningún sindicato del sector levante la voz para hacer frente a lo que no es más que un claro abuso de poder, máxime cuando ni siquiera se tienen, transitoriamente, las competencias en materia educativa por haber solicitado el nivel 3 de emergencia nacional y no pensar solicitar su cese hasta que la situación se normalice.

Una pena que se nos trate así y que nos dejemos tratar de esta manera. Porque cuando se nos trata así, a los docentes se nos apagan las ganas... educativas.