El contexto de las ayudas de los libros de texto

Recientemente se ha aprobado en la Asamblea de Extremadura  una nueva ley para regular el sistema de préstamo de libros de texto. El espíritu de la ley sigue siendo crear un banco de libros en los centros docentes que vayan reutilizándose por distintas promociones de alumnos-as; banco que, si se va ampliando año tras año, no solo puede alcanzar a suministrar libros al alumnado que reúna los requisitos económicos o familiares para ser becario, sino que también puede alcanzar a los solicitantes de ayudas que no reúnan dichos requisitos. Son pasos de cara a extender la gratuidad de libros de texto al mayor número posible de alumnos-as, cosa que se viene reclamando desde hace tiempo por parte de la sociedad.

Parece lógico que en una sociedad avanzada que aspira -o aspiraba- a un estado del bienestar, los legisladores sean receptivos a las demandas de los ciudadanos y se pongan manos a la obra a satisfacerlas siempre que consideren que el erario público puede asumirlas. 

Hasta aquí, nada que objetar; el problema surge cuando el legislador olvida que para que las leyes puedan llevarse a efecto, además de legislar qué, cuándo, dónde, cómo y con qué presupuesto se lleva a cabo lo legislado, debe designar a alguien con disponibilidad que ejecute la faena. Y en el caso de los colegios de Educación Infantil y Primaria el legislador dispara con pólvora del rey, como los Tercios de Flandes, pues ni se le pasa por la cabeza que deba presupuestar algún capítulo económico para contratar a alguien para realizar su encomienda; da por sentado que ya se encargará el Equipo Directivo de hacerlo: por el mismo sueldo, una tarea más. El problema surgirá -si no está surgiendo ya- cuando la ingente cantidad de tareas encomendadas por leyes, decretos, resoluciones, instrucciones, circulares y demás instrumentos legislativos no puedan asumirse por falta de manos para realizarlas.

El legislador debe saber que la intendencia del banco de libros de un colegio no es cosa baladí. Lleva su tiempo y su esfuerzo. Desde dar publicidad a la convocatoria -que suele solaparse con otras convocatorias sin que el legislador lo tenga en cuenta-, pasando por recepcionar las solicitudes de las familias, procesarlas en la plataforma Rayuela, recoger los libros usados a final de curso, comprobar su estado y expurgar los defectuosos, pedir presupuesto de los lotes nuevos, esperar la cuantía concedida, ajustar lo concedido a los becarios, comprar los libros necesarios, preparar los nuevos lotes y entregarlos uno por uno a los beneficiarios llevando un control de los mismos, aguantando, cómo no, las quejas de las familias por el estado de libros con más de cuatro años de uso o que las ayudas no llegan para el lote completo. 

En Educación Secundaria toda esta labor la suele hacer el Educador Social, personal no docente con cierta disponibilidad para esta tarea, que alivia al Equipo Directivo de hacerla físicamente. En Educación Infantil y Primaria, desafortunadamente, no disponemos de esta figura -ni de otras- y, por si el legislador no lo sabe, todo el proceso recae en el director, el secretario o el jefe de estudios, o en los tres a la vez cuando el colegio es grande y el banco de libros alcanza los miles de ejemplares y no se ve nunca el final del trabajo que, dicho sea de paso, se realiza durante el mes de julio, soportando estoicamente la canina veraniega en una sala donde fácilmente se alcanzan los 35º de temperatura. Por si teníamos poco, el legislador, en su ánimo de ampliar las ayudas, decidió hace un par de cursos extender las mismas a Educación Infantil en forma de ayudas para material escolar para los más pequeños. Esto supone que en un colegio de Educación Infantil y Primaria gestionamos becas de libros y material escolar para diez niveles educativos: desde Educación Infantil  de 3 años hasta 1º de la E.S.O. -sí, señor legislador, también recogemos y procesamos las solicitudes de nuestros alumnos de 6º de Primaria que pasan a la E.S.O.-. Sin embargo, son los institutos de Secundaria, que sólo gestionan las becas de cuatro niveles educativos, los que tienen el recurso del Educador Social -y otros muchos más- para ayudar a gestionarlas.

Debería el legislador, antes de empezar a redactar sus leyes, visitar los centros a las que estas van dirigidas, para, in situ, saber qué puede y qué no puede legislar y si se cuenta con el personal necesario para llevar a cabo la labor que emana de las mismas. Así, al menos, sabríamos que el legislador no legisla a tontas y a locas y que no dispara con pólvora del rey, pues de lo contrario podríamos pensar que el legislador se convierte en leguleyo por no tener en cuenta el contexto de las ayudas de los libros de texto. Y a los que ya peinamos algunas canas nos enseñaron allá por nuestros años mozos la gran importancia que tenía el contexto del texto para entender de qué va un argumento. Señor legislador, aplíquese el cuento.