Lo de Muface

 

Bajan las aguas revueltas con lo de Muface. El funcionariado, convocado por las organizaciones sindicales, se manifiesta para mantener lo que considera que son sus derechos. Vaya por delante que yo también soy funcionario, de Muface, y que mi cotización se realiza al Régimen de "Clases Pasivas", un régimen a extinguir, pues desde el año 2011 todos los funcionarios que ingresan en la administración del Estado ya cotizan al Régimen General de la Seguridad Social. Pertenecer a Muface y cotizar al Régimen de Clases Pasivas supone, entre otras muchas cosas, poder elegir nuestra cobertura sanitaria entre la Sanidad Pública o acogerse a la Sanidad Privada; también supone el poder jubilarse a la edad de 60 años si se tienen, como mínimo, 30 años de cotización.

Dicho esto, que es algo objetivo que cualquiera puede comprobar, a menos que se diga que también es mentira -hoy en día las verdades son efímeras y la mentira se disfraza de verdad de forma recurrente, metamorfoseándose de continuo-, puedo entender que los funcionarios no queramos perder nuestros privilegios -yo, el primero-, pero de ahí a no reconocer que somos unos privilegiados en materia laboral y que nuestra condición de funcionarios nos ofrece unas prebendas que no tiene el resto de trabajadores, va un abismo.

"Con nuestra salud no se juega"; "No estamos dispuestos a que nos quiten nuestros derechos"... son los lemas en clave emocional -otro aspecto, el de las emociones, que está de moda últimamente para manipularnos- que lanzan diversas organizaciones sindicales bajo el manto del corporativismo, jaleando al funcionariado que, nervioso, se quiere arrimar a la brasa que más calienta.

Todo lo puedo comprender -incluso lo de apelar a las emociones para soliviantar al personal-, pero no reconocer al menos que nuestros privilegios son eso, privilegios -y no derechos- en relación con el resto de trabajadores que obligatoriamente son atendidos por la Sanidad Pública y que si quieren un seguro privado se lo tienen que pagar de su bolsillo; no entender que es una gran discriminación el hecho de que al resto de trabajadores se les haya subido tanto la edad mínima como los años cotizados para poder jubilarse (67 años y medio si no se tienen 38 años y medio cotizados) y el funcionariado con cierta antigüedad pueda seguir jubilándose a los 60, es, simplemente, un superlativo acto de egoísmo por nuestra parte. ¿Acaso el aprobar un día de hace muchos años un examen de oposición a uno de los cuerpos de la función pública ya nos coloca en una escalafón superior como trabajadores? Yo lamento decir que no puedo compartirlo.

Y, claro, las compañías de seguro privadas, que no son precisamente unos angelitos, y que se saben con la sartén por el mango, pues la Sanidad Pública no puede asumir de repente la atención sanitaria de la ingente cantidad de funcionarios y  sus familiares, tensa la cuerda para intentar obtener el máximo de beneficio económico a costa del erario público. Todo un juego de extorsión desde una posición de poder.

El sentido común -ese que hoy en día anda tan perdido y que la maraña de mentiras interesadas quiere arrinconar porque su aplicación no interesa a determinados intereses espurios que sacan tajada del totum revolutum- debe prevalecer sobre tanto corporativismo, tanta emoción desbordada, tanta supremacía y tanto juego sucio. 

También sé, porque no quiero perder el sentido común al que antes aludía ni tampoco quiero parecer ingenuo, que esto que estoy diciendo es como un grano de arena en un desierto, pero es mi grano de arena, y tengo derecho a decirlo.