La climatización de los colegios

Bajan revueltas las aguas en lo tocante a las ayudas para la climatización de los edificios escolares en nuestra región. La Consejería de Educación ha sacado una línea de ayudas a los efectos, de las cuales han quedado desiertas un 70%: de los 30 millones de euros puestos a disposición de los ayuntamientos, apenas 10 han sido solicitados. Unos aducen incapacidad económica para asumir el 20% restante que exige la convocatoria para recibir la ayuda, que sería del 80% del presupuesto total presentado para cada colegio; otros alegan falta de tiempo para elaborar un proyecto tan técnico como el que se exige y otros, simplemente, o no se han enterado o no quieren solicitarlas porque no entran dentro de sus prioridades. Sea como fuere, lo cierto es que solo 74 colegios de la región se van a beneficiar de una mejora en sus instalaciones de cara a mitigar el calor -sobre todo- y el frío.

No hay que ser un lince para preguntarse por qué solo 74 colegios van a recibir estas ayudas y el resto no. La respuesta está en la titularidad de los colegios públicos, propiedad de los ayuntamientos, los cuales tienen, además, la responsabilidad de su conservación, mantenimiento y vigilancia, así como del suministro de luz, agua y de su limpieza.

La mejora de la climatización de los colegios entraría dentro de esa conservación y mantenimiento; por eso no puede hacerla directamente la Consejería de Educación, sino que, para ello, saca la convocatoria de ayudas para que sean los consistorios los que opten a ellas. Y ahí radica el problema, pues depende de la sensibilidad, la solvencia económica, la eficacia y algunas variables más del ayuntamiento de turno el que unos colegios puedan o no puedan mejorar su climatización.

La titularidad municipal de las escuelas públicas ya se contemplaba, si nos retrotraemos en el tiempo, en el Plan General de Instrucción Pública del Duque de Rivas de 1836; la Ley Moyano -Ley de Instrucción Pública, de 1857- también establecía esta propiedad municipal de los colegios, que queda consolidada tanto en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), de 1985, como en la Ley de Bases de Régimen Local, también de 1985, y sus reformas posteriores.

Esta propiedad municipal y sus efectos reales en los centros educativos ha supuesto desde siempre una inequidad entre ellos, especialmente entre colegios de pueblos distintos: unos colegios están mejor mantenidos; otros, mejor vigilados; unos tienen conserjes y otros no; unos están perfectamente pintados y otros están que se caen a pedazos... Y todo en función del buen o mal hacer de la corporación municipal de turno.

Esta discrecionalidad municipal choca con lo que ocurre en los institutos de Enseñanza Secundaria, a los cuales, las mismas leyes anteriormente citadas les otorgan su titularidad a las comunidades autónomas, cuando no al Estado, titularidad que garantiza un tratamiento más o menos uniforme para todos ellos en asuntos de índole general, como es el caso. ¿Por qué esta diferencia legislativa en cuanto a titularidad y otros menesteres organizativos? Aparte de por haber sido así tradicionalmente, yo lo tengo claro, pero dejo que cada cual saque sus propias conclusiones al respecto. Una pista: siempre hubo clases. 

Pero estábamos hablando de ayudas a la mejora de la climatización de los centros y cómo un montón de colegios se han quedado con la miel en los labios por la decisión municipal de no participar de las mismas -la Consejería promete una segunda convocatoria para gastar el dinero que si no debe devolver a Europa, supongo-. Y yo me pregunto: ¿por qué el alumnado de los centros que no han sido beneficiarios de ayudas tienen que sufrir la canina veraniega por causa de sus gobernantes municipales? ¿No sería mejor que esas ayudas las repartiese la Consejería entre todos los centros de su jurisdicción con arreglo a unos criterios consensuados con todos los agentes involucrados en el sector educativo? Pero ello no es posible si los centros no son de su titularidad. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Badajoz hace unos años -y algunas veces más- en que al Ayuntamiento no le dio la real gana de acogerse a las ayudas de la Junta de Extremadura para contratar conserjes para los colegios -por cierto, les salían gratis y no había tanta complejidad técnica en la elaboración de los proyectos como ahora dicen que hay con la climatización-. Y por ese motivo, por decisión municipal, los colegios de Badajoz siguen sin tener un conserje que abra y cierre sus puertas, cuando en otros pueblos y ciudades no solo tienen uno, sino dos.

Como el asunto del calor en los colegios está de moda debido al cambio climático, la sociedad está muy sensibilizada con este tema y puede no llegar a entender por qué esos municipios no han optado a unas ayudas que pueden mejorar la vida escolar del alumnado. Familias, sindicatos y grupos políticos en la oposición pueden pedir incluso -ya lo han hecho en la ciudad de Badajoz- la cabeza del concejal o del alcalde de turno por haberse dejado pasar esa convocatoria. Pero, digo yo, ¿no sería hora de ir dándole una vuelta a la modificación  a nivel nacional de las leyes que otorgan titularidad municipal a los edificios de colegios públicos para que pasaran a propiedad de las comunidades autónomas como lo son los institutos y fuera la Consejería de Educación de turno la que decidiera sobre mantenimiento, vigilancia, conservación, conserjes, climatización...? Por lo menos se evitarían las luchas políticas entre Consejería y ayuntamientos -sobre todo cuando son de distinto signo político- en asuntos concernientes a los edificios escolares, que es ahí, en esas luchas vergonzantes, donde radican la mayoría de las veces los problemas y son el germen del deterioro de los edificios educativos. Porque son ya muchas las ocasiones en que observamos que la dependencia de los colegios de los municipios no siempre es para bien.

Para pensarlo...