Las redes sociales nos han traído un aumento exponencial de las posibilidades de acceder a la información de manera casi instantánea, así como también de comunicarnos con mucha más gente de cualquier parte del mundo al mismo tiempo. Pero bien es cierto que, debido precisamente a la ingente cantidad de información que se nos ofrece, adolecemos de profundización en el meollo de la misma, bien por falta de tiempo, de interés, o de ambas cosas a la vez. Esta falta de profundización deriva, curiosamente, en una falta de información o, lo que es peor, en desinformación, creyéndonos fácilmente las "fake news", los argumentos ramplones y los razonamientos banales que, con propósitos torticeros, muchos personajes, especialmente de la esfera política, nos lanzan machaconamente y, debido precisamente a su reiteración, su simpleza y a su marcado cariz populista, son aceptados como doctrina por gran parte de la población.
Es por eso que, desde muchos ámbitos se anime a organismos públicos, dirigentes políticos, universidades, medios de comunicación, etc., a "hacer pedagogía", que no es otra cosa que explicar con argumentos sólidos cualquier cuestión con tal de contrarrestar la frívola interpretación del populista de turno.
Uno de los últimos ejemplos de este populismo hiriente que nos azota ha sido la decisión de la Comunidad de Madrid de conceder becas o ayudas a familias que ganan hasta 107.735 euros si tienen un hijo, hasta 143.652 euros si tienen dos hijos o hasta 179.565 euros si tienen tres hijos; es decir, hasta 35.913 euros por miembro de la unidad familiar. Y todo ello con el argumento de que "las familias con este rango de ingresos son las que más impuestos pagan" y, por tanto, "también merecen una ayuda para que sus hijos e hijas estudien".
Para "hacer pedagogía" y contrarrestar este argumentario, es necesario recurrir al espíritu de la ley -el cual no ha cambiado un ápice- desde que los poderes públicos comenzaron a conceder ayudas o becas al estudio. Este espíritu está basado, a grandes rasgos y sin entrar en detalle, en los siguientes principios:
-Dar una respuesta a las desigualdades educativas que se revelan como discriminatorias para los grupos menos favorecidos económicamente.
-Favorecer la consecución del objetivo de redistribución de la renta de las familias de renta alta hacia las de renta baja.
-No desaprovechar, por razones económicas, talentos potenciales, puesto que el crecimiento económico y el bienestar social de un país depende, en gran medida, de su stock de titulados.
-Fomentar la igualdad de oportunidades de los estudiantes sea cual sea su situación socioeconómica de partida.
Estos son los principios que han regido y siguen rigiendo la concesión de ayudas y becas en nuestro país desde que empezaron a concederse hasta el día de hoy. Por cierto, que el concepto de ayuda al estudio se basa exclusivamente en razones socioeconómicas y va dirigido fundamentalmente a estudios anteriores a la universidad, mientras que en el concepto de beca intervienen tanto el nivel socioeconómico como el aprovechamiento académico y está ligado principalmente a estudios universitarios.
Por tanto, lo que se pretende desde la Comunidad de Madrid al generalizar las ayudas al estudio a familias adineradas con el argumento de que pagan muchos impuestos y hay que compensarlas de alguna manera, rompe los principios y el espíritu con el que nacieron las becas y ayudas al alumnado. Por tanto, deberían denominarlas de otra manera, pero no becas o ayudas. A mí, en función del argumentario que exhibe la comunidad madrileña al respecto, se me ocurren varios nombres: regalías, prebendas, prerrogativas, privilegios... pero esto ya es una opinión personal.
Porque, evidentemente, ayudas no son, puesto que las familias con esos niveles de renta que ahora pueden optar a esta ocurrencia no necesitan, precisamente, de ayudas para que sus hijos e hijas estudien. Otras familias sí que las necesitan y, son precisamente, a las que deben ir destinadas con el objetivo de favorecer la cohesión y el ascensor social. Ahora bien, otra cosa es que no se consideren políticamente necesarios tales objetivos...
Lo que ya sí parece un poco denigrante es que haya que "hacer pedagogía" contraria de esta ocurrencia, es decir, explicar al personal por qué no se trata de ayudas, sino de otra cosa; y aquí, que cada cual saque sus conclusiones, si es que sabe, puede o quiere.

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